La Declaración sobre los Derechos del Niño fue aprobada el año 1959 por parte de las Naciones Unidas y ratificada en Chile el año 1990. Estos derechos se rigen por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección y su participación en decisiones que les afecten.

El maltrato infantil es uno de los grandes problemas que afectan a niños y niñas de todo el mundo, prácticas arraigadas y naturalizadas culturalmente vulneran sistemáticamente los derechos de niños y niñas en espacios en los que deberían sentirse protegidos. Las consecuencias del maltrato infantil son diversas, entre ellas se ha descrito estrés, trastornos en el desarrollo cerebral temprano, alteraciones en el sistema nervioso e inmune, mayor riesgo de sufrir problemas físicos y de conducta, incremento de conductas de riesgo, deserción escolar, consumo problemático de sustancias, entre otras.

La prevención bajo un enfoque multisectorial parece ser la clave cuando se piensa en abordar el fenómeno del maltrato infantil, a través de políticas y programas que incentiven la educación y apoyo a los padres y cuidadores, sin descuidar la misión imperante de disminuir las desigualdades sociales y de género que fomentan las conductas hostiles y violentas.

Instancias como el desempleo, la pobreza o malas condiciones de vida sumado a la inestabilidad socioeconómica son escenarios propicios para incubar prácticas que fomenten la violencia en las comunidades, con esto el rol del Estado cobra relevancia.

Frente a nuestro escenario país, sumergido en la incertidumbre política y social, en que la inestabilidad económica y sanitaria es pan de cada día, es importante reflexionar sobre las conductas de agresión psicológica y física en la población infantil, no solo de aquellas que nos conmocionan a través de la opinión pública, sino de aquellas que ocurren en nuestros hogares y que se disfrazan de conductas "educadoras".

Hacernos cargo es urgente, de los niños de hoy depende el país y el mundo que seamos mañana.

Angélica Silva Ríos

Jefa de carrera Fonoaudiología Universidad Santo Tomás sede

Viña del Mar

Es pertinente reflexionar si las sesiones de la Convención Constitucional, pronta a comenzar a funcionar, deben realizarse exclusivamente en Palacio Pereira, pues parece sensato que además se desarrollen por vía telemática, en virtud de que hoy la tecnología lo permite, trayendo consigo importantes beneficios.

El primero, un ahorro importante en desplazamiento, alojamiento y alimentación, siendo también un claro llamado al autocuidado considerando la pandemia. Esta forma de sesionar, además permitiría que un número importante de encuentros fueran realizadas en regiones, haciendo eco de la gran crítica que se le efectúa a la redacción de la actual Constitución de que fue elaborada entre cuatro paredes. Se debe considerar que nuestros convencionales representan a todo un país, en ellos se ha depositado la confianza y esperanza de alcanzar el bien común para todos.

Esperamos que los convencionales lleven a discusión los pensamientos e inquietudes de los diálogos ciudadanos que se generen en cada distrito y en cada región, dando una fuerte señal de desincentivo al cuestionado centralismo de nuestro país. Sin duda este debería ser uno de los primeros temas a tratar en la primera misión de los convencionales, discutir su reglamento y funcionamiento.

Carolina Araya Directora Carrera de Derecho Universidad de Las Américas

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