Hay algo que resulta particularmente preocupante cuando se observan las obras públicas en Valparaíso: nunca parece estar claro quién es el responsable de que se hagan, quién las fiscaliza, quién contrata a las empresas y, finalmente, quién responde cuando los trabajos no se realizan o quedan paralizados.

No basta con conocer el nombre de fantasía de una empresa: los ciudadanos tenemos derecho a saber quiénes están detrás de ella y quiénes son sus verdaderos responsables.

Tomemos como ejemplo el caso de los ascensores de Valparaíso. ¿Quién es actualmente el responsable de que un ascensor como el 21 de Mayo vuelva a funcionar? ¿Qué organismo está a cargo? ¿Qué funcionario debe responder por su prolongada paralización? Durante años se han realizado estudios, proyectos y evaluaciones. Pero cabe preguntar: ¿quién hizo esos estudios?, ¿qué empresa fue contratada?, ¿cuánto se pagó?, ¿quién la contrató?, ¿quién recibió y aprobó el trabajo? Y, sobre todo, ¿por qué después de tantos estudios seguimos sin una solución definitiva?

Lo más inquietante es que se repite un patrón. Una empresa recibe un contrato, comienza los trabajos y, posteriormente, los paraliza, entra en dificultades económicas o incluso quiebra. La obra queda inconclusa y los ciudadanos volvemos al punto de partida. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿quién seleccionó a esa empresa y bajo qué condiciones se hizo el contrato?.

Valparaíso no puede seguir acostumbrándose a que sus obras públicas duren una eternidad. Durante años hemos visto ascensores paralizados, proyectos que se anuncian y no se concretan, estudios que se suceden unos a otros y obras que comienzan

para quedar posteriormente abandonadas.

Por eso creo que debemos exigir algo muy sencillo: transparencia y responsabilidad.

Cada obra pública debería permitir al ciudadano conocer, de manera clara y accesible el organismo público responsable; qué funcionario está a cargo; qué empresa fue contratada; quiénes son los propietarios o responsables de esa empresa; cuánto dinero público se destinó; cuáles fueron las condiciones del contrato; qué plazos se establecieron; quién fiscaliza su cumplimiento; y quién responde cuando la obra no se termina.

No se trata de perseguir a nadie. Se trata de terminar con el anonimato administrativo.

Carlos Cabrera

Nuevamente recurro a la tribuna ciudadana de miles de chilenos y chilenas. Las rentas vitalicias se crean en el año 1980 con la promulgación de la ley 3500. Los legisladores de aquella época no incluyeron el aguinaldo.

Los rentistas vitalicios debían costear los incrementos del costo de la vida en las Fiestas Patrias y las de Fin de Año con su renta

vitalicia mensual.

A simple vista una desigualdad entre chilenos y chilenas; han pasado varias décadas, el país ha sido gobernado por diferentes corrientes políticas y ninguno de ellos se ha preocupado de normalizar esta situación que perjudica a los rentistas vitalicios.

Lo curioso y pintoresco es que la clase política está preocupada de que el 17 de septiembre sea feriado, a buen entendedor pocas palabras, medidas populistas para mejorar la imagen, para ellos (as) que los rentistas vitalicios no reciban aguinaldo no es tema.

Como diría Condorito, exijo una explicación.

Gonzalo Pizarro Delgado

Valparaíso

Viña del Mar

Quilpué

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Quillota

San Felipe

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