En el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comenzó ayer el juicio contra Maickel Villegas, ciudadano venezolano imputado por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado en Independencia en febrero de 2024 y hallado muerto en una toma de Maipú el 1 de marzo de ese año.

El fiscal Héctor Barros señaló que este es el primer juicio contra uno de los involucrados directamente con el crimen. Detalló que "para nosotros es muy relevante porque se trata del primer imputado individualizado", junto a un menor de edad, que ya fue condenado.

El persecutor sostuvo que Villegas, quien fue extraditado desde Costa Rica, tuvo participación en la grabación del video con Ojeda ya cautivo, que fue enviado a "estamentos superiores de la organización", en este caso el Tren de Aragua, y que también ayudó a retirar a la mitad de los partícipes del secuestro del exteniente luego de que el vehículo en el que se transportaban tras realizar el rapto sufrió un desperfecto en Renca.

También adelantó que pedirán 20 años de cárcel para este sujeto, quien es imputado por secuestro con homicidio. Aclaró que no se puede solicitar una pena más alta ya que "tenemos limitaciones por la extradición, ya que el sistema judicial de Costa Rica nos obliga a suscribir un acuerdo y es que ese acuerdo tiene limitaciones de pena".

Barros dijo que "nosotros vamos a acreditar nuestra teoría del caso con la prueba que hemos recogido. Hemos planteado que este es un caso que marca un antes y un después en lo que dice relación con el Tren de Aragua en Chile, que sale de la esfera del giro del negocio criminal y se imbuye en otros tipos de hechos que tienen que ver con la vinculación política a un gobierno extranjero".

Agrego: "En este caso el perfil de la víctima, que es un perfil político, nos lleva a la conclusión que este no es un hecho que ocurre porque él perteneciera al Tren de Aragua (...) la única razón es que él tenía un perfil político, de una persona que había estado en dos intentos golpistas en contra del gobierno de Nicolás Maduro y fue expulsado del Ejército de Venezuela por mantener posiciones políticas contrarias al gobierno".

Por ello la tesis de la Fiscalía es que este crimen habría sido ordenado por el ministro venezolano Diosdado Cabello. El fiscal dijo que "sin la participación, a juicio nuestro, de Maickel Villegas no se podría haber cometido este delito, tenía una función muy relevante", e informó que el 20 de septiembre comenzará el juicio contra otros imputados de la causa. J

La Subsecretaría de Derechos Humanos ordenó a través de una resolución publicada en el Diario Oficial eliminar a Bernarda Vera del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, luego de que esta mujer, que fue hallada con vida en Argentina, figuró por más de cinco décadas como desaparecida en la dictadura.

Bernarda Vera, quien era militante del MIR y estaba registrada como desaparecida desde 1973, fue supuestamente descubierta viviendo en Argentina en septiembre de 2025. El 27 de julio esto fue confirmado por el ministro en visita Álvaro Mesa, que comunicó a la familia de la profesora el resultado de un examen de ADN realizado por el Servicio Médico Legal, que buscaba acreditar que esta mujer correspondía a quien aparecía en los registros.

Dos días después, Mesa dijo que el examen estableció una probabilidad de identificación superior al 99,9999%, por lo que concluyó que Bernarda Vera "se encuentra con vida y residiendo en Argentina" y que "no fue secuestrada, ni tampoco falleció producto del ataque de terceros". Además, ordenó comunicar los antecedentes al Gobierno y al Registro civil para que evalúen los actos administrativos que correspondan sobre un beneficio monetario otorgado a su hija.

De esta manera, tras la confirmación, la Subsecretaría de Derechos Humanos concluyó que, al establecerse judicialmente que Vera está con vida, no se cumple el requisito legal para mantenerla como persona ausente por desaparición forzada. Por ello ordenó cancelar su inscripción del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada y comunicó la decisión al Registro Civil para que sea eliminada del registro. J

Una supuesta venta de un teléfono celular en Colina terminó con una balacera en la que quedaron lesionadas cuatro personas, dos de ellas son un pastor y un feligrés que participaban de un culto religioso en una iglesia del sector.

En la noche del miércoles dos sujetos llegaron en un vehículo a calle Vista Hermosa para realizar esta transacción coordinada por redes sociales. En ese lugar fueron abordados por cerca de 12 sujetos que realizaron múltiples disparos contra estas personas, quienes intentaron escapar del ataque armado.

Las balas impactaron a los dos ocupantes de este vehículo y también al templo evangélico Esperanza y Vida, donde producto de los disparos resultaron heridos de bala un pastor evangélico, que recibió impactos balísticos en sus extremidades, y un feligrés, que fue impactado por un tiro en el tórax.

Los cuatro heridos fueron trasladados a centros asistenciales y ayer se habrían encontrado fuera de riesgo vital.

El fiscal Eduardo Pontigo señaló que en el templo "habían personas adultas, mayores de edad, de tercera edad, y además habían niños".

El caso es indagado por la Brigada de Homicidios de la PDI y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que "sin dudas es una hecho que va a generar y generó mucha conmoción. Ese nivel de disparos y de violencia que termina afectando a personas que estaban en un culto, son el tipo de casos que tenemos que resolver rápidamente". J