La suma de 30 millones de pesos es lo que deberá desembolsar el municipio de Limache luego de que la Corte Suprema acogiera la demanda de Ximena del Río Granado, quien fue directora de Obras Municipales y que acusó al alcalde Daniel Morales de despido injustificado una vez que llegó a ese edificio consistorial como primera autoridad.

Los hechos se remontan a enero del año 2013, fecha en que Morales asumió como alcalde titular por votación de la mayoría de los integrantes del concejo municipal, tras el fallecimiento del alcalde de la época Luis Minardi.

"A partir del mismo día que asumió sus funciones, por sí y por intermedio de diversos funcionarios municipales, dio inicio a un conjunto de acciones destinadas a obtener forzadamente la renuncia de la demandante", señala el documento.

quería la renuncia

Según indica la Ley Orgánica de Municipalidades "el Director de Obras Municipales goza de estabilidad en el empleo y, por tanto, sólo puede ponerse término a sus funciones por causa legal y no por un acto discrecional del alcalde". Pese a no haber sido nunca cuestionado su trabajo, ese año, la directora de Obras Municipales fue objeto de cinco sumarios administrativos.

Entre los hechos que Ximena del Río describe y que menoscabaron su trabajo, están la contratación de un arquitecto a honorarios para realizar el trabajo que antes hacía ella, además de sustituirla en otras labores, "medida que trajo como consecuencia, que la demandante, se viera impedida de cumplir con sus cometidos en forma normal, al no poder interiorizarse, intervenir o tomar decisiones, sobre esas materias de importancia directa para la eficacia y eficiencia de la labor de la Dirección de Obras".

Acusa además que fue privada en su cargo de presidenta del Comité Paritario y que se despidió al único profesional y apoyo técnico, con que contaba para llevar a cabo sus múltiples funciones, lo que motivó a que estuviera un mes desarrollando sin apoyo diversas labores hasta que fue suspendida de su cargo.

El fallo

Según señala el fallo de segunda instancia emitido por la Corte Suprema con fecha 14 de marzo se determinó el pago de 30 millones de pesos por "los perjuicios morales por la falta de servicio al proceder a la desvinculación arbitraria de la demandada del cargo de Directora de Obras y mantener pendientes y sin resolución ciertos procesos administrativos en su contra, con afectación a los principios de celeridad, certeza jurídica y debido proceso". J

La jornada del martes pasado fue distinta en la Feria Ganadera. Cada martillazo se acercaba más a lo que sería el fin de una era: el último remate de vacunos.

Alrededor de una treintena de compradores acudieron al histórico remate, donde se ofrecieron cerca de 70 animales, lo que fue tasado como un aumento de un 15% superior a lo que habían sido las últimas semanas.

Alex Harasic Durán, socio de la empresa calificó la jornada como "un hito súper importante. Pensamos que no se iba a producir todavía, pero resulta que ya no está dando el negocio porque todos sabemos que el tema de la carne importada y frigorizada que llega, ha llevado a decaer el negocio".

Respecto del fin del antiguo formato de remates, el que se mantuvo por más de cien años, Harasic advirtió que fue una decisión que se tomó con mucha meditación en razón del decaimiento del negocio, recalcando que se están respetando todos los compromisos pactados con los trabajadores.

"Vamos a responder a todos los trabajadores con todas las deudas que hay. Todos los socios se han puesto para cumplir ese objetivo. No nos ha salido gratis la historia, pero hay una tradición de más de cien años que no la vamos a echar a perder por unos millones más o unos millones menos", mencionó.

Cabe destacar que el cierre del formato de remates ganaderos no implica el cierre definitivo de la empresa, ni tampoco un cambio de giro, sino que las ventas y compras se gestarán de manera privada.

Asimismo, con este cierre, la feria ganadera de La Calera es la más cercana, y al mismo tiempo, de las pocas que van quedando en el país. La mayoría está en el sur. J