Gran preocupación ha generado entre vecinos del sector San Pedro, en Quillota, el proyecto de expansión de la planta Cemento Melón, ubicada en la ribera del río Aconcagua. La iniciativa contempla no solo la extracción y procesamiento de áridos, sino también el relleno de los terrenos con residuos de construcción y demolición. Para la comunidad, se trata de una intervención de gran escala que podría alterar el entorno natural y social por décadas.

La alerta se activó cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) abrió el proceso de Consulta Ciudadana el cual se realizó entre los meses de junio y septiembre. En respuesta, la comunidad organizada presentó cerca de 200 observaciones, tanto impresas como en digital, muchas de ellas con registros históricos de inundaciones, impactos ambientales y riesgos sanitarios. "Son dos proyectos en uno, que prácticamente lo están disfrazando", explicó Lorena Cerda, presidenta de la Junta de Vecinos Los Tres Callejones y vocera de una agrupación que reúne a 14 juntas del sector.

Cerda detalló que el plan incluye la expansión de la planta de áridos y, en paralelo, el relleno de los pozos con desechos de demolición. "Esos tremendos pozos que van a quedar con la extracción del material, los van a rellenar con desechos. Si echan abajo un edificio en la Quinta Región, todo va a venir a parar acá", advirtió.

El temor no es solo por el volumen de material, sino por su composición: "Puede llegar material contaminado con aceite, grasa, cañerías de asbesto. Con eso pretenden rellenar todo lo que le van a quitar al río".

Otro punto crítico es el riesgo hídrico. Mientras la empresa asegura que la zona no es inundable, los vecinos presentaron registros de desbordes del río Aconcagua que han afectado históricamente al Fundo Miraflores. "Nosotros sí mandamos las observaciones con registro de las veces que el río se ha salido. No pueden decir que no pasa", señaló Cerda.

La polución también preocupa. "El chancado de la piedra, el polvo de los áridos… todo eso se va a ir hacia la ciudad. Así que no solo somos los San Pedrinos los afectados", agregó la dirigente. El proyecto actual abarca 22 hectáreas, pero busca ampliarse a 62, con una proyección de operación hasta el año 2062. "Nos van a dejar sin ladera, sin ribera, sin respiro", sentenció.

Por ahora, la empresa debe responder a las observaciones ingresadas. Pero los vecinos insisten en que el tema debe visibilizarse. "Hay muchos quillotanos que no tienen idea de este proyecto. Y si no se habla, avanza en silencio", concluyó Cerda. J

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que las deudas de su cartera con constructoras es de US$130 millones y no US$1.000 millones, como dice la oposición basándose en datos de empresas del rubro.

"Por la coyuntura electoral cuesta mucho decir las cosas como son y explicarlas, porque se tienden a distorsionar inmediatamente y a transformar en gran escala, y a tener efectos sobre las personas", afirmó en radio T13.

Montes agregó que en los cálculos de mil millones de dólares "suman cosas que no tienen nada que ver", como sistemas de financiamiento ya regularizados. A su juicio, la difusión de estas cifras afectan a quienes están postulando a subsidios y a empresarios que planean postular a licitaciones.

También se refirió a los dichos de la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien al pedir la restitución de la glosa de libre disposición del presupuesto 2026 dijo que, de ganar la elección, la destinaría íntegramente a apurar la reconstrucción de viviendas destruidas en los incendios de 2024 en Viña del Mar.

"Le diría que el financiamiento no es el problema porque tenemos un fondo especial para la reconstrucción (...) El problema más bien es tener una capacidad de producción, de proceso de reconstrucción, dadas las complejidades. Quisiéramos ser mucho más rápidos", dijo. J