La semana pasada, durante una estadía en Harvard y conversando con profesionales y líderes de distintos países, volví a una pregunta que en Chile debiéramos hacernos con mayor frecuencia: ¿Estamos financiando la salud que realmente queremos conseguir?

La discusión no es sólo cuánto gastamos, sino qué incentivamos con esos recursos. Chile ha avanzado en cómo financia su salud. El GES estableció garantías, los GRD permiten financiar la actividad hospitalaria según complejidad y los PAD facilitan resolver determinadas patologías. Pero ¿tenemos incentivos igualmente fuertes para prevenir, detectar precozmente y obtener mejores resultados sanitarios?

Nuestra Atención Primaria se financia principalmente mediante un per cápita asociado a población inscrita. Esa base debe preservarse, pero estar inscrito no significa necesariamente estar protegido. Experiencias como Plan Nacer y SUMAR en Argentina muestran que es posible vincular parte del financiamiento a cobertura efectiva y resultados. Chile podría avanzar hacia un "per cápita saludable", ajustado por riesgo y territorio, que premie prevención y resultados sanitarios.

Pero también debemos revisar la frontera entre salud común y laboral. Las personas no se dividen así. Hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cáncer o problemas de salud mental acompañan al trabajador durante toda su jornada.

¿Por qué no articular las capacidades de las mutualidades con la Atención Primaria para detectar precozmente estos riesgos y asegurar continuidad en la red de salud? No se trata de construir otro CESFAM dentro de las empresas, sino de llevar la prevención donde están las personas.

Necesitamos pasar de una APS que espera a una APS que sale al encuentro y comprender que, para cada persona, la salud es una sola.Quizás el próximo paso no sea solo gastar más, sino alinear mejor recursos, instituciones e incentivos.

Karla Rubilar Barahona

Ex Ministra y académica U. Autónoma

Felicito la reciente determinación de la autoridad de ordenar el bloqueo de 42 sitios de apuestas online ilegales, una medida que da estricto cumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema y zanja de manera definitiva la posición institucional frente a estas plataformas. Había resultado incómodo el desliz anterior de pretender cobrar impuestos a empresas que operan en la ilegalidad, lo que generó dudas sobre la postura oficial; este acto de cumplimiento judicial, en cambio, ratifica que tales portales están prohibidos y deben ser erradicados del país.

Las casas ilegales, sin duda, doblarán la apuesta: cambiarán rápidamente sus dominios a otros portales para eludir la prohibición y seguir oyendo provecho de personas con problemas de ludopatía. Aun así, la acción enérgica de los tribunales y los organismos fiscalizadores es correcta y merece respaldo.

Pero si el Estado ha decidido finalmente acatar con firmeza este mandato en el ámbito online, también se debería doblar la apuesta desde los poderes colegisladores para avanzar hacia una regulación más exhaustiva de los casinos presenciales. Estos han derivado en un juego de algoritmos más que de azar, donde la suerte es ya una quimera. En esa línea, lo coherente sería prohibir el uso de tarjetas que individualizan aún más a los jugadores, práctica que permite a los casinos ajustar la máquina de manera más precisa y alejar a las personas de la experiencia de los juegos de "azar".

Daniel Zapata Zapata

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