Una compleja situación judicial y política enfrenta la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia Hevia. Luego de que la semana se revelara la existencia de un supuesto cultivo de cannabis detectado mediante un dron municipal, la jefa comunal abordó la controversia durante la sesión del Concejo Municipal del pasado 6 de agosto de 2026.

No obstante, en lugar de disipar las dudas, su intervención sumó un nuevo y gravísimo capítulo. Durante dicha sesión, la alcaldesa dio a conocer públicamente una segunda situación irregular: afirmó que una organización comunitaria -la Junta de Vecinos Arauco- habría estado "tomada por personas que traficaban drogas", hecho que se remontaría a enero de 2026. En su exposición, Navia acusó a varias partes y personeros de haber estado al tanto de la situación y no haber actuado, salpicando a exconcejales, jefes de seguridad e incluso al abogado y presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara.

eventual reiteración de delitos

Ante esta secuencia de hechos, la Fundación Fuerza Ciudadana, representada por su presidente Raimundo Palamara, interpuso una querella criminal en contra de Filomena Navia ante el Juzgado de Garantía de La Calera por la eventual reiteración del delito especial de omisión de denuncia, contemplado en el artículo 13 de la Ley N° 20.000.

El artículo 13 de dicha ley castiga severamente al empleado público que, tomando conocimiento en razón de su cargo de un delito de drogas, omite denunciarlo a la policía, al Ministerio Público o a los tribunales. A diferencia de una omisión común, las penas en el marco de la ley de drogas van desde los 541 días hasta los 5 años de presidio.

"A mí me sorprendió porque me mandaron el corto del video del Concejo Municipal, posteriormente lo escuché nuevamente completo en YouTube y dije: '¿por qué me está poniendo a mí?'. Yo en verdad no conocía la Junta de Vecinos Arauco (...) menos sabía que había sido tomada, menos las personas que la habían tomado, ni lo que hacían en dicha junta de vecinos que supuestamente, por lo que dijo la alcaldesa, era traficar", explicó Palamara.

El profesional enfatizó que la estrategia de la jefa comunal de apuntar a terceros no la exime de sus obligaciones legales: "Ella no había denunciado, siendo que habría tomado conocimiento por sus mismas afirmaciones de que ahí en la Junta de Vecinos Arauco estaban traficando. ¿Y dónde está esa denuncia? ".

POSIBLES CONSECUENCIAS

Respecto a por qué la alcaldesa abrió este flanco en la sesión municipal, Palamara opinó: "Yo creo que sacó a las máximas personas posibles, como que 'si me ahogo yo, se ahogan todos'. Empezó a tirar nombres: el jefe de seguridad, que obviamente era funcionario público; nombró a un exconcejal; sacó a hartas personas y dentro de esas me sacó a mí (...) por sus propios dichos, ella está diciendo que tomó conocimiento".

Respecto al impacto penal, el abogado explicó que "habría una reiteración de delitos de la misma especie porque los hechos del dron eran de febrero o marzo de este año, y los nuevos dichos de la alcaldesa señalan otro hecho de enero. En el caso de que fuera declarada culpable, partíria en los cinco años y un día".J

Durante julio los pescadores artesanales de Papudo solo pudieron trabajar tre días. Las condiciones marítimas jugaron una mala pasada y esta situación encendió las alertas en el municipio por el impacto que está generando en los ingresos de las familias que dependen de esta actividad.

Según lo informado por el municipio, la afectación alcanza a los 72 pescadores registrados en el Sindicato de Papudo y a otros 13 pertenecientes al Sindicato Las Salinas, sumando 85 trabajadores. El antecedente cobra especial relevancia considerando que el tramo predominante entre los pescadores corresponde al 40% del Registro Social de Hogares.Ante este escenario, el municipio puso los antecedentes en conocimiento del Consejero Regional Juan Ibacache a fin de que éste pueda elevar la situación al interior del Gobierno Regional de Valparaíso para evaluar alternativas extraordinarias de apoyo para mitigar las consecuencias económicas derivadas de la disminución de las jornadas de pesca.

"Tres días de trabajo en un mes no alcanzan para sostener a una familia. Detrás de ellos hay hogares que dependen de lo que se logra extraer del mar y que durante julio vieron prácticamente paralizada su fuente de ingresos", señaló la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme.La jefa comunal agregó que "estamos solicitando que esta realidad sea considerada y que podamos evaluar junto al Gobierno Regional algún mecanismo extraordinario de apoyo y dado que no podemos controlar las condiciones del mar, sí podemos actuar frente a las consecuencias económicas que están enfrentando nuestros pescadores y sus familias".

Asimismo, Adasme advierte que la reducción de las jornadas extractivas no solo impacta los ingresos directos de los pescadores, sino también a otras actividades y servicios asociados a la pesca artesanal.En ese sentido, planteó que el problema adquiere una dimensión económica y social, considerando el peso histórico que mantiene la actividad pesquera en Papudo y la dependencia que existe de las condiciones marítimas para generar ingresos. J

En el plano político y administrativo, Palamara recordó que los concejales de la comuna también cuentan con herramientas inmediatas: "Los concejales, desde ya, sin esperar el resultado penal o de Contraloría, podrían interponer una acción ante el Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar el notable abandono de deberes respecto a la alcaldesa (...) Y ahí sí podría ser destituida directamente por estos hechos".