Mientras el país enfrenta problemas urgentes en seguridad, salud, crecimiento económico, empleo y pensiones, resulta desconcertante que diputados destinen tiempo y recursos del Congreso a aprobar un oficio para solicitar explicaciones sobre una polémica arbitral ocurrida en el Mundial de Fútbol.

No está en discusión el interés que despierta el deporte. Lo preocupante es la absoluta desconexión entre las prioridades ciudadanas y las prioridades de quienes fueron elegidos para legislar y fiscalizar los asuntos que realmente afectan la vida de los chilenos.

Cada sesión del Congreso tiene un costo que financian todos los contribuyentes. Por ello, es legítimo exigir que ese tiempo se utilice con responsabilidad y sentido de realidad. Cuando parlamentarios, cuyas remuneraciones son de las más altas del sector público, dedican su trabajo a materias que no tienen incidencia alguna en los problemas del país, el mensaje que transmiten es desolador: las urgencias de la ciudadanía pueden esperar.

La crisis de confianza hacia la política no surge por casualidad. Se alimenta precisamente de episodios como este, que proyectan una imagen de frivolidad, falta de criterio y escasa conciencia respecto de la responsabilidad que implica ejercer un cargo de representación popular.

Chile necesita un Congreso concentrado en combatir la delincuencia, mejorar la salud, reactivar la economía y elevar la calidad de vida de las personas. Destinar esfuerzos institucionales a controversias deportivas internacionales no solo resulta improcedente, sino que constituye una muestra de una preocupante pérdida del sentido de las prioridades.

Rodrigo Durán Guzmán

La propuesta de contrato por hora es parte del paquete de medidas diseñadas para mantener el empleo y reducir la informalidad. Permite regularizar trabajos menores a 30 horas semanales con prestaciones sociales y, al menos duplicando el valor hora respecto al contrato tradicional de 42 horas.

Esta medida resulta particularmente relevante para empresas que requieren profesionales calificados en jornadas reducidas. El gobierno ha observado datos del INE mostrando que la hora efectiva de trabajo en Chile no supera 32-33 horas semanales, evidenciando una realidad que justifica esta iniciativa de formalización laboral.

Sin embargo, es necesario ser muy críticos: esta reforma formaliza el subempleo, no lo resuelve. Hablamos de trabajadores que laboran menos horas de las deseadas por insuficiencia de mercado, no por elección propia. Con una tasa de subempleo superior al 22% en Chile, esta iniciativa corre el riesgo de enmascarar una precariedad laboral más profunda que merece seria atención.

La formalización del empleo es imprescindible, pero no debe oscurecer el desafío central: garantizar que el empleo sea no solo formal, sino digno y suficiente para las familias chilenas.

Guillermo Riquelme

Académico de postgrado

Universidad Autónoma de Chile

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