El reciente nombramiento de Louis de Grange como biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones abre un debate que, en el mundo político, suele presentarse como una cuestión de sentido común: ¿para qué mantener dos ministerios si ambos pueden operar bajo una sola estructura? La propuesta tiene el atractivo de lo obvio. Pero en política de transporte, lo evidente suele ser la antesala de los errores más costosos.

Conviene precisar el punto antes de tomar posición. Lo que hoy se discute no es una reforma técnica largamente modelada, sino una decisión de estructura institucional motivada, en primer lugar, por la necesidad del gobierno del presidente José Antonio Kast de administrar un gabinete con los recursos humanos disponibles. Que esa contingencia algunos la presenten como una oportunidad de modernización del Estado merece, al menos, cierto escepticismo metodológico.

Montesquieu advertía que "el poder debe frenar al poder". Aunque la frase pertenece al ámbito político, contiene también una intuición técnica relevante: los sistemas robustos requieren redundancias, controles y contrapuntos. También las instituciones públicas. En ingeniería de transporte sabemos que diseñar un

sistema sin modelar adecuadamente sus efectos no es modernización; es improvisación con

presupuesto.

El problema de fondo es conceptual. Obras Públicas y Transportes no persiguen exactamente el mismo objetivo. El primero construye infraestructura; el segundo organiza movilidad. Y aunque ambas dimensiones se relacionan, no son equivalentes. Una ciudad no mejora simplemente porque acumule más carreteras, puentes o túneles, sino porque las personas pueden desplazarse mejor dentro de ella.

Confundir infraestructura con movilidad es un error frecuente. Se mide el éxito por la cantidad de obras ejecutadas y no por la calidad de vida que esas obras producen. Sin un contrapeso institucional claro, existe el riesgo de que la lógica constructiva termine absorbiendo la lógica operacional y urbana del transporte.

Por eso, antes de celebrar una fusión ministerial como señal automática de eficiencia, convendría hacer la pregunta más incómoda y más importante: ¿qué problema estructural resuelve realmente esta decisión?"

Jean Pierre Ugarte Ayala

Ingeniero de Transporte

(ex seremi MTT de Los Ríos y Valparaíso)

Tras las elecciones en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), ya se anunció un calendario de movilizaciones contra el gobierno. Llama la atención el proceso de reordenamiento político y social de sectores que, durante el mandato del Presidente Boric, mantuvieron una notoria pasividad en materia de convocatoria y presión social, a pesar de las agendas incumplidas en materia de educación.

La reactivación de la FECh anticipa un nuevo ciclo de arremetidas desde la izquierda. Vemos cómo desde la oposición buscan nuevamente utilizar instancias de representación estudiantil para levantar consignas y ejercer presión sobre la agenda pública y el gobierno. Las precipitadas declaraciones de la nueva presidenta ponen en evidencia que, para algunos sectores de izquierda, la movilización depende del sector político que gobierna y no de las necesidades de los estudiantes.

Nicolás Carrasco

Instituto Libertad

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