Tras un extenso proceso judicial, la Fiscalía Local de La Calera logró una sentencia de 5 años de presidio menor en su grado máximo para el autor de un delito de abuso sexual reiterado cometido en la comuna. El fallo, que establece el cumplimiento de la pena de manera efectiva -es decir, sin beneficios de libertad-, representa un cierre legal para un caso que, sin embargo, deja un sabor amargo en el entorno de la víctima y en los defensores de los derechos de la diversidad sexual.

La víctima, conocida familiarmente como Carlita, no pudo presenciar el momento en que la justicia ratificó la culpabilidad de su agresor, ya que falleció antes de que se dictara la sentencia definitiva. Este hecho ha generado una fuerte reacción desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), desde donde cuestionan la eficacia de un sistema que tarda años en resolver causas de extrema sensibilidad.

justicia a medias

Para el encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez, el resultado judicial es insuficiente y llega en un momento de total desprotección para la víctima. "Una justicia que llega tarde nunca será justicia, menos si la víctima falleció antes de conocer la sentencia. Menos si se trata de un juicio abreviado, que suele terminar con penas menores", señaló el dirigente, criticando la vía procesal utilizada en el caso.

Gómez enfatizó que lo ocurrido con "Carlita" no es un hecho aislado, sino un síntoma de la precariedad que enfrentan las personas trans en Chile. "Refleja la alta vulnerabilidad de las personas trans, quienes no solo están expuestas a ser agredidas debido a la discriminación imperante. Además, se enfrentan a un sistema judicial que no les da justicia", añadió.

ley gabriela

Desde la organización también se cuestionó que no se aplicaran criterios más rigurosos considerando que las agresiones contra personas trans constituyen delitos de género. Según el Movilh, herramientas legales como la Ley Gabriela -diseñada para garantizar penas efectivas y una justicia con perspectiva de género- no habrían cumplido su propósito en este proceso."Esta es una pésima señal que favorece, de una u otra manera, la impunidad", advirtió Gómez, quien sostiene que la señal enviada por el tribunal es contradictoria frente a la gravedad de los antecedentes disponibles.

la región de la discriminación

La preocupación de los organismos de DD.HH. se acrecienta al observar las estadísticas regionales. Según el XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, la Región de Valparaíso se ha consolidado como la zona con mayor cantidad de casos de discriminación a nivel nacional desde el año 2018.

Las cifras son alarmantes: solo durante el año 2025, la región acumuló el 46,13% de los abusos contra personas LGBTIQ+ reportados en todo el país. "Teniendo a la vista estos datos, la justicia debiese ser más rigurosa, más clara y categórica", concluyó el representante del Movilh, haciendo un llamado a las instituciones a actuar con la urgencia que la realidad territorial demanda.

Con esta sentencia, el agresor deberá ingresar a un recinto penitenciario para cumplir sus 60 meses de condena. No obstante, el caso de "Carlita" queda ahora como un recordatorio de los desafíos pendientes en materia de protección, celeridad y justicia para las comunidades más postergadas de la zona interior. J

El caso se remonta a la madrugada del 9 de agosto de 2022 en la población Pablo Neruda de La Calera, cuando el acusado, I.A.T.M. (25 años), irrumpió en el domicilio de la víctima, una mujer trans conocida como Carlita, portando un cuchillo tipo carnicero. Según la acusación del Ministerio Público, el sujeto utilizó el arma para intimidar a la mujer y la golpeó violentamente para evitar que solicitara auxilio antes de concretar la agresión sexual. La investigación, liderada por el Fiscal Jefe de La Calera, Juan Sebastián De la Fuente, se desarrolló con perspectiva de género y se basó en la denuncia inmediata de la afectada y el resguardo de las secuelas físicas del ataque, lo que permitió finalmente cerrar el proceso mediante un juicio abreviado donde el imputado fue sentenciado como autor de violación, recibiendo una pena efectiva de solo 5 años.