Lo que comenzó como una investigación centrada en el uso de maquinaria municipal para fines particulares -causa por la que el alcalde de La Calera será formalizado próximamente- parece ser solo la "punta del iceberg" de una trama mucho más profunda. Nuevos informes de la Contraloría General de la República (CGR), a los que tuvo acceso este medio, revelan un desfalco potencial que supera los 170 millones de pesos en proyectos de infraestructura y servicios.

Estos documentos, que ya están en poder de la Fiscalía, sugieren que la figura de fraude al fisco podría ampliarse hacia un patrón de irregularidades administrativas y financieras, donde el factor común es el pago de millonarias sumas por trabajos cuya ejecución real no ha podido ser comprobada por el organismo fiscalizador.

los montos

De acuerdo con el Informe Final N° 193-2025, relativo a la ejecución de diversos proyectos comunales, se detectaron tres focos críticos de presunto perjuicio fiscal:

-Movimiento de tierras: Se objetaron $60.100.000 pagados por faenas que no cuentan con una acreditación clara de haber sido efectivamente realizadas.

-Módulos tipo container: El municipio desembolsó $26.000.000 por oficinas tipo container que carecen de especificaciones técnicas y de un control efectivo de recepción.

-Bacheos irregulares: Se detectaron pagos por $30.557.713 en reparaciones de calles que se realizaron sin la emisión de una orden de compra previa ni el respaldo documental completo que exige la ley de compras públicas.

A esto se suma el Informe Final N° 397-2024, centrado en el proyecto de mejoramiento de agua potable (SSR Pachacama), donde la Contraloría constató que se pagaron $57.837.998 por partidas que simplemente no fueron ejecutadas. En terreno, los fiscalizadores solo encontraron acopio de materiales, pese a que los dineros ya habían sido transferidos a las empresas responsables.

La relevancia de estos informes radica en que no se trata de errores aislados, sino que establecen una ausencia de control administrativo y el incumplimiento sistemático de las normas de contratación pública. La tesis que cobra fuerza en el ámbito judicial es que el municipio habría operado bajo un esquema de "pagos sin verificación de ejecución", lo que configura una arista mucho más grave de fraude al fisco que el solo uso de bienes municipales.

VERSIÓN MUNICIPAL

Frente a la gravedad de estos hallazgos, la Municipalidad de La Calera emitió una declaración a este medio, señalando que estos procesos corresponden a "proyectos ejecutados en años anteriores" y que ya eran de conocimiento institucional.

"Desde el inicio de este proceso, el municipio ha colaborado plenamente con la entrega de todos los antecedentes requeridos", indicaron desde la casa edilicia, añadiendo que actualmente se encuentran trabajando en la implementación de medidas correctivas para "asegurar el correcto uso de los recursos públicos". La administración enfatizó su compromiso con la mejora continua y la probidad, descartando que estos hechos representen la gestión actual de la comuna.

Con la formalización del alcalde en el horizonte cercano, estos nuevos antecedentes técnicos -validados por el ente rector de la legalidad de los actos públicos- podrían forzar al Ministerio Público a reformular los cargos o abrir piezas investigativas separadas. Lo que es seguro es que el debate ya no solo gira en torno a una retroexcavadora en un terreno privado, sino a la administración de más de $170 millones de todos los caleranos que hoy permanecen bajo una nebulosa administrativa. J