Lo que comenzó como un hecho de violencia extrema en el norte del país, específicamente en Calama, terminó por activar un inquietante "efecto dominó" de amenazas de tiroteos y masacres escolares en diversos puntos de Chile. Las provincias de Quillota y Petorca no han sido la excepción, enfrentando una serie de mensajes intimidatorios que han circulado principalmente por redes sociales, sembrando el pánico en apoderados y obligando a las autoridades a desplegar operativos de seguridad sin precedentes.

COLEGIOS PARTICULARES

La situación en la Provincia de Quillota es particularmente compleja. Aunque las cifras del Ministerio Público hablaban inicialmente de 7 casos en Quillota y 1 en La Calera, la Delegada Presidencial, Pilar Cuevas, reveló cifras más actualizadas que elevan la magnitud del problema.

"Es muy lamentable que en la provincia de Quillota se hayan recibido amenazas de este tipo en 16 colegios", señaló la autoridad, haciendo hincapié en un dato relevante: la gran mayoría de estos incidentes provienen de establecimientos del sector privado, más que de liceos municipales.

Pese a la inquietud, la instrucción del Gobierno ha sido clara: no suspender las clases. "Hemos dispuesto dispositivos de apoyo para que la comunidad escolar se encuentre resguardada y tranquila. El delito de amenazas tiene consecuencias y la ley presentada para la revisión de mochilas busca precisamente aislar a quienes alteran el orden", enfatizó Cuevas, subrayando que se trabaja directamente con directores y centros de padres para no ceder ante la psicosis.

MÁS CÁMARAS

En la Provincia de Petorca, la respuesta ha sido igualmente operativa. El Delegado Presidencial, Andrés Sosa, confirmó que la inseguridad en las comunidades educativas obligó a activar comités policiales y reforzar patrullajes preventivos.

A diferencia de otros sectores, en Petorca ya existen avances en la persecución penal. "Las diligencias investigativas han arrojado la identificación de algunos presuntos responsables, antecedentes que ya han sido puestos a disposición de la justicia", aseguró Sosa. Además, en conjunto con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), se anunció la adquisición de cámaras de televigilancia para liceos que carecían de esta tecnología.

CASOS EN FISCALÍA

El Ministerio Público ha estado recibiendo las denuncias de manera formal para iniciar las investigaciones por el delito de amenazas, el cual, según advierten las autoridades, puede traer graves consecuencias legales para los jóvenes involucrados. Hasta el último reporte, el desglose de casos por fiscalía local es el siguiente: Fiscalía Local de Quillota: 7 casos (cifra que contrasta con los 16 reportados por la Delegación en sus monitoreos de seguridad); Fiscalía Local de La Ligua (Zapallar, Papudo, Petorca, Cabildo): 8 casos; Fiscalía Local de Limache: 2 casos, y Fiscalía Local de La Calera: 1 caso.

convivencia escolar

El debate hoy se centra en cómo proteger a los estudiantes sin vulnerar sus derechos, en medio de la discusión de nuevas leyes que permitirían medidas más intrusivas en los colegios.

Para las autoridades, la prioridad es retomar la normalidad. En Petorca, se ha informado que cualquier jornada suspendida por estos hechos deberá ser reprogramada oportunamente para asegurar que el proceso educativo no se vea truncado por lo que, en muchos casos, termina siendo una "broma" de mal gusto con consecuencias reales.

A raíz de esta crisis, la Delegada Presidencial de Quillota, Pilar Cuevas, defendió con firmeza la propuesta legislativa del Gobierno que busca permitir la revisión de mochilas y establecer agravantes para quienes cometan delitos o amenazas dentro de los recintos educativos. Ante las críticas de sectores que ven en esta medida un riesgo para la convivencia, la autoridad fue enfática en señalar que el objetivo es proteger a la mayoría, aislando a los responsables de las alteraciones al orden. "Es necesario que tengan consecuencias los que alteran la tranquilidad al interior de los colegios", sostuvo Cuevas, argumentando que este marco legal es una herramienta fundamental para resguardar el bienestar de toda la comunidad escolar y asegurar un entorno de aprendizaje libre de violencia. J