Lo que comenzó como una fiscalización nacional de la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas en reparticiones públicas; ya ha escalado hasta convertirse en un terremoto administrativo en la zona. Bajo la lupa del Consolidado de Información Circularizada (CIC N°9), los municipios de La Calera y Quillota enfrentan hoy las consecuencias de funcionarios que, amparados en reposos de salud, realizaron viajes fuera del país durante los años 2023 y 2024.

mano dura

La Municipalidad de La Calera ha optado por una línea implacable. Tras instruir 41 procedimientos disciplinarios en los estamentos de administración central, salud y educación, las notificaciones de destitución no se han hecho esperar.

Según el último balance municipal, a los 11 trabajadores del área de Educación (regidos por el Código del Trabajo) que ya habían sido apartados de sus funciones, se sumaron esta semana nuevos decretos. El pasado viernes 27 de marzo se notificó la destitución de 9 funcionarios de Educación, mientras que este lunes 30 fue el turno de 4 trabajadores del Departamento de Salud.

"Reiteramos nuestro compromiso irrestricto con la probidad administrativa y el correcto y transparente uso de los recursos públicos", señalaron desde la alcadía calerana, aclarando que aún quedan procesos abiertos que los fiscales administrativos esperan cerrar en el más breve plazo, siempre resguardando el debido proceso de los implicados.

QUILLOTA

Cruzando el límite comunal, en Quillota, el ambiente es de tensa espera. El alcalde Luis Mella confirmó que ya tiene en su escritorio los informes finales del fiscal administrativo a cargo de investigar los viajes al extranjero durante licencias médicas. Aunque aún no se ejecutan despidos, el jefe comunal adelantó que el anuncio de las sanciones es inminente.

"Llegó el momento de ordenar nuestro país, nuestros servicios y de hacer justicia con aquellas personas que cumplen con su labor y no se aprovechan de ciertas situaciones", sentenció Mella. El edil pidió paciencia a la comunidad, asegurando que en un plazo máximo de 15 días se conocerán las resoluciones, las cuales prometió que serán "justas y de acuerdo a la gravedad de los hechos".

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Esta crisis sanitaria-administrativa nace de la instrucción de Contraloría General de la República de mayo de 2025, que obligó a los municipios a cruzar los datos de licencias médicas aprobadas con los registros de salida e ingreso del país de la Policía de Investigaciones (PDI).

El resultado ha dejado al descubierto una práctica que, para las autoridades, vulnera la fe pública y desvía recursos destinados a la salud de quienes realmente lo necesitan.

Mientras en La Calera los afectados ya preparan sus medios de impugnación legales, en Quillota la incertidumbre recorre los pasillos municipales ante un proceso que busca "marcar un precedente" en la ética del servicio público provincial. J

El Tribunal Oral en lo Penal de Quillota sentenció ayer a un hombre a cuatro años de cárcel por el delito de tráfico de drogas, luego de ser sorprendido con veinte kilos de sustancias ilícitas en su equipaje.

Los hechos se remontan al 2025, cuando el sujeto de 26 años, quién figuraba como "animador infantil" en su currículum, fue detenido en una fiscalización en la Ruta 5 Norte a la altura de El Melón, en Nogales.

Según consignó El Observador en ese entonces, el individuo imputado se mantuvo recluido en la cárcel de Quillota, cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva. Además en el juicio, el sujeto declaró que formaba parte de una red de tráfico de estupefacientes que operaba desde Iquique, en la Región de Tarapacá.

En la instancia, el joven también señaló que su función era trasladar los ilícitos hacia la zona centro del país.

Por lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Drogas, el imputado deberá cumplir su condena de cárcel efectiva, y entregar su huella genética para su inclusión en el registro nacional de delincuentes por casos asociados a este delito.J