El ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó como "muy grave" la liberación de un detenido el miércoles en el Centro de Justicia en Santiago.

En el 13° Juzgado de Garantía de Santiago se controló la detención de tres imputados por el delito de estafa. En ese contexto para uno de ellos, Luis González, quien tenía una orden de detención, se dispuso su ingreso en tránsito a la audiencia.

Sin embargo, según detalló la jueza Carolina Araya, "personal de Gendarmería a cargo de la custodia de los detenidos informó al tribunal que al momento de hacer ingreso y de verificarse la identificación del detenido en tránsito para su traslado, el coimputado Ariel Serey (...) señaló a personal de gendarmería llamarse Luis González, indicando como datos propios de su identificación los de González, usurpando la identidad de este con el propósito de evitar la materialización de su orden de detención".

Aseguró que Serey "quedó detenido" y fue formalizado por suplantación de identidad y que por lo tanto, González quedó libre.

Ante ello, la jueza realizó una denuncia al Ministerio Público para iniciar una investigación de lo ocurrido.

El director de Gendarmería, Rubén Pérez, informó que "ante esta grave situación, que revela una negligencia inexcusable por parte de los funcionarios penitenciarios, he dispuesto la inmediata remoción del Jefe de Subdepartamento de Servicios Especializados, así como también de la Oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal" y que se suspendió a otros dos funcionarios de la institución.

El ministro Cordero dijo ayer a radio La Clave que es una situación "muy grave", ya que "muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad respecto de personas que asisten, en este caso a una audiencia, y a falta de segunda verificación, lo que produce su liberación".

Además, indicó que esto "lesiona seriamente el funcionamiento del sistema democrático", y que se indaga "se debe a una fórmula en que el sujeto alteró su identidad o bien, derechamente, requería la complejidad de un tercero con ese propósito y ese fin".

Gendarmería abrió un sumario administrativo y Rubén Pérez dijo ayer que evalúan tomar medidas de mayor intensidad.

En la tarde de ayer un imputado que fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar fue liberado, pese a que se determinó su prisión preventiva. Ayer se desconocía cómo fue que ocurrió este hecho en que un funcionario de Gendarmería lo dejó libre tras la audiencia. J

Maite Celis Silva, chilena de 27 años, se declaró culpable el lunes de robo a banco y conspiración para cometer robo a banco en Estados Unidos. La mujer habría integrado una banda de sudamericanos, entre ellos chilenos que habrían perpetrado estos delitos en la costa oeste estadounidense.

Según documentos judiciales de ese país, Celis y el resto de la banda conspiraron entre mayo y octubre de 2024 para ingresar a robar a entidades bancarias en los estados de California, Oregon y Washington, de donde son acusados de sustraer cerca de US$5,5 millones desde los cajeros.

Para lograr ello Celis habría alquilado propiedades de vacaciones cerca de los bancos que iban a ser robados; mientras que la banda también arrendaba autos en el mercado negro con los que se transportaban hacia los lugares de los robos para luego huir en estos mismos vehículos.

Según las autoridades de ese país, los integrantes de esta banda se disfrazaban y fingían ser trabajadores de las construcción para concretar estos robos. Para ello, usaban sopletes e e inhibidores de señal de celulares, entre otras tácticas sofisticadas, como rociar pintura sobre las cámaras de vigilancia y utilizar una lona para ocultar lo que hacían.

Los bancos afectados serían tres en Fresno, dos en Temecula y uno en Clovis, Lakewood, Long Beach, Mission Viejo, Modesto, Oxnard, Rocklin, Stockton, Torrance y Yuba City. La banda en total tenía como objetivo más de 29 bancos y cooperativas de crédito.

De esta manera, la Fiscalía presentó cargos contra los 10 integrantes, entre ellos Celis, quien se declaró culpable de los cargos y aceptó un juicio abreviado para su condena, la que será analizada por el juez federal Kirk E. Sherriff. La imputada enfrenta una pena máxima de 20 años por robo a un banco y cinco años de prisión por conspiración para cometerlo, sin embargo como parte del acuerdo, la Fiscalía acordó con ella la recomendación de una reducción de condena. Por ahora, los cargos contra los otros nueve detenidos son solo acusaciones, pues se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en estos ilícitos. J

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer el recurso de apelación de la Fiscalía Regional de Antofagasta que buscaba revertir las medidas cautelares contra los imputados por el denominado caso ProCultura, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, para quienes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó su arraigo nacional. En la apelación, y pese a que antes solicitaron prisión preventiva, la Fiscalía pidió que se cambiara la cautelar por la de arresto domiciliario total, lo que fue rechazado. El ministro José Pablo Rodríguez sostuvo que "esta corte comparte lo razonado por el tribunal en cuanto a que los antecedentes invocados por los acusadores no alcanzan a satisfacer el estándar exigible". J