• Envejecimiento acelerado

    Chile enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional que dejó de ser una proyección futura: hoy es una realidad. Según las recientes cifras del INE, en 2026 las personas de 65 años y más representan cerca del 14 % de la población, mientras que el índice de envejecimiento supera los 80 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Esta transformación responde a la baja fecundidad, el aumento sostenido de la esperanza de vida y la disminución de la población infantil y juvenil.

    Una de las consecuencias más relevantes es el incremento de la tasa de dependencia, que refleja cuántas personas mayores dependen de la población en edad de trabajar. En términos simples, cada vez hay menos personas activas sosteniendo a un número creciente de jubilados. Esto genera presión sobre los sistemas de pensiones, salud y educación, aumenta el gasto público y desafía la sostenibilidad fiscal.

    El riesgo mayor para Chile es la contracción progresiva de su población activa. Menos trabajadores implican menor crecimiento económico, escasez de mano de obra, aumento de costos y una necesidad creciente de recursos fiscales. Para evitar que esta tendencia se convierta en un problema estructural, es imprescindible adoptar medidas oportunas: fortalecer los derechos reproductivos como política de salud pública, promover el envejecimiento saludable y planificar de manera estratégica.

    Aunque este fenómeno es global, la velocidad del envejecimiento en Chile exige actuar con urgencia. Nuestro desarrollo dependerá de la capacidad de adaptarnos a una sociedad más longeva sin sacrificar productividad, equidad intergeneracional ni cohesión social.

    María Jesús Hald

    Epidemióloga

    directora Educación Continua

    Fac. de Medicina, U. Andrés Bello

  • Tensión migratoria

    La discusión en torno a la llamada "tensión migratoria" revela un desafío mayor para el Estado. Cuando el debate se instala exclusivamente desde el conflicto, obviando la distancia entre lo que se cree y lo que efectivamente ocurre, se corre el riesgo de simplificar un fenómeno complejo y de trasladar a la migración responsabilidades que en realidad son estructurales.

    Las fricciones sociales no surgen de manera espontánea. El informe Índice de Tensión Migratoria en la Región Metropolitana -entregado la semana pasada- evidencia que el malestar se intensifica en contextos de escasez material: allí donde existen déficits persistentes en vivienda, servicios públicos y presencia institucional. En esos contextos, la convivencia cotidiana se vuelve más frágil y cualquier cambio demográfico se percibe como una amenaza. La migración aparece menos como causa del conflicto y más como un factor que se inserta en desigualdades estructurales preexistentes

    Si el diagnóstico es correcto, la respuesta también debe serlo. El desafío: fortalecer políticas públicas territoriales que permitan gestionar la diversidad social de forma sostenible. La migración debiera leerse como una realidad que exige planificación, coordinación estatal y una mirada de largo plazo.

    Glorimar León

    Profesora Investigadora

    Facultad de Derecho

    Universidad Autónoma de Chile

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