Polémica generó el acuerdo en el reajuste al sector público que anunció el Gobierno, que considera un aumento del 3,4% de las remuneraciones y que en el artículo 14 busca restringir el despido de los funcionarios.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo sobre este último punto a La Segunda que "si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura y no creo que le convenga eso (...) Lo que vemos camuflado en el proyecto de reajuste es una señal de alerta muy delicada, sobre una posible intención de romper códigos que son fundamentales".

En esa línea la bancada de la UDI aseguró que esta medida sería una forma de "dejar amarrado el Estado".

"Es vergonzosa la actitud del Gobierno. Aparte de todos los problemas que tenemos en Chile, ahora se van, pero quieren dejar a todos sus amigotes apitutados y amarrados (...) El Estado no le pertenece a un gobierno de turno ni a una coalición", dijo el jefe de la bancada, Henry Leal.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, defendió la medida y afirmó que "la norma criticada (...) no es un 'amarre', evita la discrecionalidad abusiva, termina con los despidos arbitrarios y conversa con el trabajo decente". J