El Gobierno y Carabineros presentaron ayer un plan para combatir los turbazos, asaltos masivos que han ido en aumento. La estrategia se concentrará en su prevención, pero también en el control y en su persecución penal.

La iniciativa, que fue diseñada por el Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, considera el reforzamiento de los patrullajes con drones, cuarteles móviles y patrullas mixtas basados en la georreferenciación de los lugares en que más se cometen estos delitos.

"El elemento común es que este tipo de delitos tienden a concentrarse en determinados perfiles de barrios, no de comunas, sino de barrios asociados a determinadas proximidades, lo que hace que la estrategia de patrullaje también esté focalizada", indicó el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

El plan considera que las Oficinas de Integración Comunitaria impulsarán campañas de autocuidado y trabajo con las juntas de vecinos para promover la denuncia oportuna y el empoderamiento de la ciudadanía frente a este ilícito.

El plan comenzará en Colina y en Lampa para luego expandirse al resto de la Región Metropolitana, donde van a desarrollarse dos fases nocturnas con despliegues en simultáneo para anticiparse a la ocurrencia de los atracos.

El subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, señaló que "vamos a generar puntos estratégicos de control, de prevención y de reacción rápida". Además, destacó que en los patrullajes preventivos habrá un "punto de contacto" entre guardias muncipales y Carabineros para "generar una reacción inmediata".

Respecto a los drones, explicó que estos "irán derecho hacia donde está ocurriendo el hecho, por lo tanto permite una visualización inmediata de la situación, que permite a las radiopatrullas llegar directo donde está ocurriendo el delito". Añadió que serán clave tanto Carabineros como la PDI para perseguir a las bandas y "lograr una mejor investigación penal".

El ministro Cordero dijo que será clave el trabajo coordinado con lo municipios; mientras que el general inspector de Carabineros, Enrique Monras, indicó que los turbazos son una mutación de otros delitos como las encerronas, que destacó han tenido una baja de un 21%. J

Un funcionario judicial acuchilló ayer al administrador de la Corte de Apelaciones de Arica, tras lo cual fue abatido por carabineros y gendarmes que corrieron en auxilio de la víctima y de otros colegas, que también estaban en riesgo.

El agresor fue identificado como Juan Verdejo, una persona de 35 años que estuvo con licencia médica psiquiátrica, aunque el alcalde Orlando Vargas contó en la tarde que el permiso ya había caducado, se había ausentado y fue citado por el administrador Raúl Marchant.

Según relató el jefe comunal a Chilevisión, Marchant convocó a Verdejo "para que le diera cuenta de por qué había fallado por quince días (...) Le dice que lo va a calificar de no buena manera y ahí se le abalanza (...) Se enfureció".

La PDI informó que ante esto se produjo un forcejeo entre ambos, en el cual Verdejo sacó un cuchillo y le causó al menos una herida. El utensilio lo obtuvo de la cocina del tribunal.

"Había una persona fuera de sí, con un tema de salud mental", planteó el fiscal regional Mario Carrera, quien agregó que todo fue captado por las cámaras internas.

Ante los gritos, una persona de un edificio del frente grabó lo que ocurría en la Corte. El registro muestra que Verdejo corrió y se metió a una oficina del segundo piso, tras él corrieron funcionarios de Carabineros y Gendarmería y luego se oyeron los balazos que le costaron la vida al agresor. La PDI halló 16 vainillas en el lugar.

"El agresor intentó hacer lo mismo con otros trabajadores que intentaron detenerlo (...) Estaban tratando de calmarlo", precisó el fiscal Carrera.

Marchant fue llevado grave a Urgencias al hospital ariqueño, donde fue estabilizado y al cierre de esta edición estaba fuera de riesgo vital.

La Corte de Apelaciones indicó que dispusieron las acciones administrativas y de apoyo institucional "para brindar contención y acompañamiento al resto de los funcionarios del tribunal" y para aportar a la investigación. J

El exministro de Energía, Diego Pardow, respondió a la acusación constitucional en su contra presentada por diputados opositores y en la cual se le responsabiliza de ocultar dos errores de cálculos en las tarifas eléctricas que produjeron cobros excesivos.

En el documento de 120 páginas, el frenteamplista pidió que se rechace la AC, pues "no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la Constitución".

"Ni el primer capítulo del libelo -que invoca el principio de probidad como un fundamento genérico y carente de tipicidad- ni el segundo -construido sobre conjeturas y valoraciones hipotéticas- describen conductas concretas que puedan ser subsumidas en una infracción constitucional o legal", agregó.

Y en cuanto a su posible culpabilidad en no informar lo ocurrido, indicó que "ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias, pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional".

Su respuesta fue criticada por opositores y algunos oficialistas. El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), dijo que la AC podría ser votada mañana, sin embargo Pardow pidió algunas diligencias que podrían retrasarla. J