La pregunta popular "¿quién paga los platos rotos?" resuena hoy como una amarga claridad tras el cierre de una etapa clave del caso de financiamiento ilegal de la política. El caso SQM no solo reveló un fraude tributario masivo y un desvío transversal de recursos a la política; demostrando la existencia de un mecanismo que corrompió la fe pública, los resultados judiciales tras años de investigación ofrecen una respuesta dolorosa a la pregunta central. Mientras el fisco recaudó millones de pesos por los delitos tributarios, el resultado para las figuras políticas y empresariales de alto perfil implicadas resulta ser un golpe directo a la confianza ciudadana.

La abrumadora cantidad de casos que terminaron en salidas alternativas, sobreseimientos y absoluciones, contrasta dramáticamente con la magnitud del escándalo. Esta disparidad consolida la peligrosa percepción de que en nuestro país existe una justicia para los delitos de "cuello y corbata" y otra, mucho más rigurosa, para el ciudadano común. Como lo han señalado algunos analistas, esto se percibe como la "mayor derrota del sistema" en su lucha contra la corrupción de élite. El verdadero costo de este caso no se mide en balanzas financieras, sino en el daño moral e institucional que se le impone a la ciudadanía. El escándalo ha minado la credibilidad de los partidos políticos, el Congreso y de instituciones fiscalizadoras, fomentando la desafección cívica y una mayor abstención electoral. Se envía el mensaje de que la riqueza y el poder pueden conseguir la impunidad a través de la dilatación de los procesos o la selectividad de las acciones judiciales

Chile no puede permitirse que la historia del caso SQM se cierre como un simple capítulo burocrático. El restablecimiento de la confianza exige mecanismos de probidad más fuertes y leyes más drásticas contra el financiamiento ilegal de la política. Mientras el sistema judicial y político no demuestran que la ley es igual para todos, seremos los ciudadanos, la democracia y la fe en nuestras instituciones, quienes seguiremos pagando los platos rotos.

Juan de Dios Videla Caro

Soy estudiante de periodismo y ciudadana de Viña del Mar y quisiera expresar mi profunda preocupación ante las recientes denuncias de microtráfico de drogas en las inmediaciones del Hospital Gustavo Fricke. Esta situación deja al descubierto la fragilidad de nuestros espacios públicos, incluso de aquellos destinados al cuidado de la salud.

Resulta alarmante que un lugar que debería simbolizar confianza y bienestar sea afectado por la presencia de redes delictivas que operan impúnemente. Este tipo de hechos no solo atenta contra la seguridad de los pacientes y trabajadores del recinto, sino que también erosiona la credibilidad de las instituciones.

Es urgente que las autoridades adopten medidas concretas: mayor fiscalización en los accesos del recinto, cámaras de vigilancia efectivas y una coordinación real entre Carabineros, el hospital y la municipalidad. La indiferencia frente a estos hechos sólo favorece la expansión del microtráfico, que hoy se infiltra en espacios donde debería primar el resguardo y la tranquilidad.

La salud y la delincuencia no pueden coexistir en un mismo entorno. Recuperar la seguridad en los hospitales es una tarea colectiva que exige acción inmediata. Hago un llamado a no naturalizar estas situaciones y a que la comunidad se involucre activamente en la defensa de lugares que pertenecen a todos.

Alondra Cisternas Vicencio

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