La reciente autorización para que Enjoy renuncie a la operación del casino de Viña del Mar marca un punto de inflexión delicado y complejo para la ciudad jardín. Este hecho, más que una simple noticia empresarial, es un golpe profundo a la economía local y una alerta sobre la fragilidad estructural de uno de sus principales motores financieros.La magnitud del aporte de Enjoy al municipio, con una promesa anual de 831 mil UF -casi 32 mil millones de pesos-, subraya el peso que esta operación tenía sobre las cuentas públicas locales. La renuncia anticipada implica Este quiebre financiero no solo pone en riesgo las finanzas municipales, sino que pone en jaque la estabilidad social, considerando que el casino emplea a casi 600 personas cuyas fuentes laborales ahora quedan en la incertidumbre.

Es evidente que la Superintendencia de Casinos de Juego permitió una salida que, si bien responde a problemas financieros legítimos de Enjoy, abre una tensión política y social latente.

Más allá del análisis económico, este caso nos obliga a reflexionar sobre la sostenibilidad y la planificación en la gestión pública y privada. ¿Qué señales estamos enviando cuando las ofertas para contratos tan estratégicos terminan siendo insostenibles? ¿Cómo proteger el interés público sin sofocar la competitividad y viabilidad empresarial? La respuesta debe ser integral: un compromiso claro del Estado para proteger ingresos y empleos, una regulación rigurosa y transparente, y un enfoque que ponga en el centro no solo las cifras, sino a las personas y la comunidad.Viña del Mar enfrenta un desafío mayúsculo, y la lista de responsables no puede quedar limitada a Enjoy o la Superintendencia. Este es un llamado a la responsabilidad compartida entre autoridades, operadores y sociedad civil para encontrar soluciones rápidas, efectivas y justas que permitan transitar hacia un futuro más estable y prometedor.Porque en el fondo, detrás de cifras y concesiones, lo que está en juego es el bienestar de una ciudad que merece certezas, equidad y desarrollo sostenible. Viña del Mar no solo necesita respuestas, necesita compromiso.

Diego del Barrio Vásquez

Economista

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. de Valparaíso

La baja participación laboral de personas con discapacidad sigue siendo una problemática global. Solo el 55% de las empresas con más de 100 trabajadores cumple con la cuota del 1% de contratación de personas con discapacidad y apenas el 28% está empleada.

Sin embargo, el mercado laboral nacional destaca con aspectos positivos. Chile cuenta con transparencia pública y datos actualizados sobre el cumplimiento de la Ley 21.015, que obliga a las compañías a aplicar medidas alternativas e impacto real en contrataciones. Un ejemplo de rendición de cuentas que países como España, donde resido, aún no han logrado sistematizar.

A diferencia de gran parte de Europa, Chile también ha abordado el desafío con más claridad normativa estableciendo un marco legal, y poniendo el tema en la agenda pública.

Si se toma conciencia de esto, las empresas podrán cumplir con la normativa y contribuir a construir una sociedad más justa e inclusiva, activando una palanca estratégica de innovación, rentabilidad e impacto social.

María Jordà

Líder Fundación Eurofirms

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