El Ministerio Público dio a conocer los resultados de una investigación interna en el organismo a raíz del informe de la Contraloría General que detectó que 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras tenían una licencia médica. La Fiscalía reveló que 42 funcionarios con contrato vigente incurrieron en esa irregularidad teniendo reposo.

Mediante un comunicado la Fiscalía Nacional reveló el informe que contempla revisiones entre 2022 y 2025, periodo en el cual la División de Contraloría Interna detectó a 10 fiscales y 32 funcionarios pertenecientes a diferente estamentos, como abogados, asistentes, técnicos y auxiliares, que salieron del país estando bajo reposo.

La Fiscalía Nacional indicó que "no hay casos correspondientes a funcionarios dependientes directamente de la Fiscalía Nacional" y que los casos se registraron en 11 regiones. Uno de ellos fue el de la ahora suspendida fiscal adjunta de Puerto Varas, Lorena Meza, que fue el primer caso que se reveló en el ente persecutor.

Según Emol , además del de Meza, hay dos casos en la Fiscalía Metropolitana Oriente, dos de la de Valparaíso, uno de la Metropolitana Centro Norte, uno de la Metropolitana Occidente, uno del Biobío y otro de Maule.

"El informe ha sido remitido a cada Fiscalía Regional para la revisión de los casos bajo su jurisdicción. Cada región deberá determinar las medidas administrativas correspondientes, las que podrían incluir la solicitud de informes, eventuales sumarios u otras acciones de verificación", complementó la Fiscalía Nacional.

Sobre este informe el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, dijo que "los casos fueron remitidos a las fiscalías regionales para los efectos de que se investigue una eventual responsabilidad disciplinaria y se ejerzan las sanciones más severas del caso si se establece que han habido incumplimiento a nuestra legislación o a nuestra reglamentación interna".

A ello agregó que "en el Ministerio Público no sólo instamos por la aplicación de la ley, no sólo velamos por la correcta aplicación de la ley penal, sino que también tenemos que respetar esa ley (...) y dar el ejemplo de como esa ley debe acatarse incluso cuando la ley se aplica a los que trabajamos en la institución". J

El Gobierno se refirió ayer al fallo del Tribunal Constitucional que rechazó la solicitud del Ejecutivo para invalidar el fallo del Primer Tribunal Ambiental que declaró ilegal el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga.

Luego de este revés judicial sobre el proyecto minero-portuario que ha sido frenado en múltiples ocasiones, el Ministerio del Medioambiente emitió un comunicado en el que señaló que respetaba el fallo, pero que "analizaremos los alcances del texto y las acciones a seguir, considerando que existen recursos pendientes en otras instancias judiciales".

La vocera (s) Aisén Etcheverry aseguró en CNN Chile que "somos respetuosos del resultado del fallo" y agregó que "previo a determinar cuáles son los siguientes pasos, es importante saber lo que va a resolver la Corte Suprema".

Al ser consultado sobre si esto es un traspié para el Gobierno, el ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que "no lo veo de esa manera".

La empresa gestora del proyecto, Andes Iron, emitió un comunicado en el que dijo que "advertimos que este tipo de actuaciones, que vulneran principios básicos del Estado de Derecho, no pueden seguir condicionando el desarrollo de un proceso que ha sido evaluado y respaldado rigurosamente". Y agregó: "Persistir en el desacato a sentencias judiciales por parte del Gobierno vulnera flagrantemente mandatos constitucionales". J

Carabineros desvinculó a nueve funcionarios acusados de lucrar con vehículos embargados. Según el general director Marcelo Araya, siete funcionarios son de la RM y dos de otras regiones. En el hecho hubo seis civiles detenidos, que según el ministro de Seguridad, Luis Cordero, son parte "del sistema de justicia", aunque no especificó a qué institución pertenecían. Los 15 apresados eran formalizados ayer por los delitos de soborno, cohecho y falsificación de instrumentos públicos. "Lo que hacen es sacar vehículos que estaban con algunas órdenes de embargo, en algunos casos fingiendo autoridad, para efecto del retiro de esos vehículos", dijo el fiscal Héctor Barros. J