Pese a las fiscalizaciones y clausuras, los casinos ilegales continúan operando en la provincia de Quillota, principalmente en las comunas de La Calera y Quillota. En las últimas semanas, varios de estos establecimientos volvieron a abrir sus puertas, incluso tras haber sido cerrados por orden de la autoridad, desafiando la legalidad mediante la rotura de sellos.

La Delegación Presidencial Provincial advirtió que estos espacios clandestinos lucran principalmente con las pensiones de personas mayores, quienes representan el grupo más vulnerable y mayoritario entre sus clientes.

"Estamos hablando de personas mayores que destinan la jubilación a gastarla en estos espacios, porque no tienen otras alternativas de ocio. Y eso también es una deuda del Estado. Deberíamos estar promoviendo talleres culturales, deportivos o comunitarios, pero sabemos que el juego es más fuerte y estos locales proliferan", sostuvo el delegado presidencial provincial de Quillota, José Orrego Ramírez.

REINCIDENTES

En este contexto, la autoridad ha liderado un conjunto de operativos focalizados en las comunas de Quillota y La Calera, donde históricamente han existido recintos de este tipo, pese a no contar con patente ni autorización. "Ninguno de los locales del centro de Quillota tiene permiso municipal. Todos fueron clausurados y, sin embargo, las personas que los administran no respetan la ley", afirmó Orrego.

Una de las situaciones más graves detectadas recientemente ocurrió durante una fiscalización en la capital provincial, donde se detuvo a tres locatarios que operaban un casino ilegal. Uno de ellos, de nacionalidad china, fue aprehendido nuevamente días después por la Policía de Investigaciones durante una fiscalización de extranjería, ya que mantenía una orden de detención vigente por el delito de rotura de sellos.

"Este es un problema que nos afecta porque fomenta el juego sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de cumplimiento normativo. Recordemos que el juego produce efectos mentales que llevan a la adicción y que muchas veces también hacen perder sus recursos a las personas que menos tienen, principalmente quienes juegan acá", enfatizó el delegado.

CAPACITACIONES

Para enfrentar esta realidad, la Delegación ha impulsado un trabajo sostenido con distintas instituciones. En 2024, se realizó una capacitación con la Superintendencia de Casinos y Juegos de Azar, dirigida a todos los municipios de la provincia de Quillota, además de Carabineros, Policía de Investigaciones e incluso funcionarios de otras provincias. La medida tuvo como objetivo fortalecer las herramientas de fiscalización y conocimiento sobre la ley que regula el funcionamiento de los casinos en Chile.

"La ley es muy clara y señala que solo los casinos mencionados en ella son legales, todo el resto son ilegales. Los municipios saben que no pueden entregar patentes a estos establecimientos, y lo que corresponde ahora es redoblar los esfuerzos con las policías, con Carabineros, para fiscalizar cada uno de estos lugares donde hay rotura de sellos, aprender a estas personas y llevarlas ante la justicia", recalcó Orrego.

Además, anunció que se está preparando una nueva jornada de capacitación junto a la Superintendencia para reforzar el trabajo conjunto con municipios e instituciones de seguridad. Esta iniciativa busca evitar que nuevos locales consigan operar de manera ilegal y que se conozcan las implicancias legales de otorgar o permitir patentes en casos que no cumplen con la normativa.

"Nosotros no vamos a parar de fiscalizar. Vamos a coordinar los operativos que sean necesarios para que el flagelo del juego y los casinos ilegales salga de la provincia de Quillota. Espero, por supuesto, que el Ministerio Público y los Tribunales también hagan lo suyo y puedan decretar las penas correspondientes a estas personas inescrupulosas que lucran con la precariedad de gran parte de nuestra población", añadió la autoridad provincial.

Las autoridades insisten en que el combate a los casinos ilegales no solo es una tarea policial o judicial, sino que también requiere un enfoque preventivo, comunitario y social, que entregue alternativas reales de esparcimiento a las personas mayores y otras poblaciones vulnerables.

"Este fenómeno no se resuelve solo cerrando locales. Necesitamos construir una oferta cultural y recreativa accesible, atractiva y constante, para que las personas no vean en el juego la única forma de entretención o escape. Esa es también una responsabilidad del Estado y de las comunidades", concluyó el delegado Orrego.J

Vamos a coordinar los operativos que sean necesarios para que el flagelo del juego y los casinos ilegales salga de la provincia".