Es de público conocimiento que en Chile pagamos de los más elevados precios en el mundo por los medicamentos de marca, sólo escapan a este flagelo los medicamentos genéricos y por ello esto último es lo que debemos impulsar, no así las marcas que sólo son un subterfugio para obtener mayores lucros de un genérico común, multiplicando hasta por 10 veces su precio final a público.

1.- Permitir marcas comerciales sólo para los fármacos innovadores u originales. Los restantes deben comercializarse sólo como genéricos, salvo cuando tengan (necesariamente) más de dos principios activos en su formulación.

2.- Ley Cenabast: Potenciarla, pero la distribución debe ser sólo a través de las Farmacias Independientes. Las grandes Cadenas comercializan 9.000 o más fármacos cada una y no necesitan, de apoyo estatal para obtener grandes descuentos desde las compañías farmacéuticas.

Toda nueva farmacia que se establezca y autorice, debe automáticamente adherirse obligatoriamente a la Ley Cenabast. Con ello se evita presiones externas que inhiben a estas para adherirse.

3.- Concretar de una vez las modificaciones al Decreto 79/2010 que regula lo referente a los Recetarios Magistrales para que se integren en la agenda regulatoria. Los cambios fueron solicitados al Ministerio de Salud por la Cámara de Diputados y su Comisión de Salud en el año 2016 y aún descansan en las oficinas del Minsal.

Vía Recetario Magistral, no sólo es posible rebajar considerablemente los precios en cientos de medicamentos, sino que además solucionar el problema de la falta en Chile de cientos de medicamentos huérfanos que no son del interés de los laboratorios. Algún aprendizaje que hayamos sacado de la pandemia.

Estas y otras medidas ayudarán a contener el problema de los precios a largo plazo, no usar el Estado para promover descuentos en cadenas de farmacia.

Daniel Zapata Z.

Frente a la falta de experiencia y cuadros técnicos que ha demostrado el gobierno, se vuelve preocupante la situación que atraviesan las Isapres. Entiendo, aunque no comparto, que quieran dejarlas caer por un motivo ideológico (estarían logrando lo que por legislación no pudieron). Lo que no entiendo es que no quieran preocuparse de aquellos afiliados que estarán en la completa incertidumbre si es que llegasen a quebrar, y todo el desencadenamiento que se produciría y que afectaría a varios sectores. Es al ciudadano a quien debieran de darle, como mínimo, protección. De todas formas, el desastre sería de proporciones y no se ve que quieran evitarlo y menos, que tengan alguna solución en la mente.

Pablo Aldunate Allegro

Fundación para el Progreso

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