Luego de la acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, pareciera que uno de los temas que quedó en el olvido es la importancia de un proceso transparente en la declaración de Áreas Marinas Protegidas (AMP).

Esta constituye el reconocimiento legal a un espacio marino, costero, específico y delimitado, del que se busca asegurar la preservación y conservación de la biosfera marina, la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico de la zona.

Su procedimiento radica en la proposición del Comité Nacional de Áreas Protegidas y del Ministerio de Medio Ambiente, el pronunciamiento previo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el decreto que aprueba dicha declaración, estableciendo el polígono y el objeto de la biodiversidad marina que se busca proteger y un plan de administración de la zona. Decisiones de protección ambiental que pueden ser más bien políticas que técnicas.

La Higuera se caracteriza por su gran biodiversidad, pero no es más que el reflejo de los diversos conflictos ambientales que nuestra legislación y política pública no logra compatibilizar en este tipo de declaraciones, en los planes de ordenamiento territorial, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros.

La acusación constitucional quedó para los anales de la historia. Sin embargo, debemos avanzar en reformas a la legislación e institucionalidad ambiental, por ejemplo, en la creación del Servicio de Biodiversidad y Aéreas Protegidas, que lleva varios años en tramitación, para que este tipo de medidas no queden al arbitrio o burocracia del gobierno de turno, sino que sean decisiones que se desarrollen de la forma más transparente, participativa y objetivamente posible, responsabilizándonos como sociedad de la herencia ambiental que dejaremos a las generaciones futuras.

Alberto Marín Académico de la Facultad de Derecho UDLA Sede Viña

Según datos del Servicio Nacionalde la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), al 23 de noviembre de 2021 en Chile se registran 35 femicidios consumados y 144 femicidios frustrados.

Una cifra dolorosa que esconde tres realidades aún más tristes: que la violencia contra la mujer es cometida por hombres. Que desconocemos la verdadera dimensión del problema porque finalmente no sabemos cuántas mujeres han sido víctimas. Y que la violencia deja una procesión que las mujeres llevan por dentro lo que las afecta en sus trabajos, familias e hijos.

Y la responsabilidad no es solamente del sistema judicial o de las policías. Es de todos nosotros quienes no solo debemos apoyar a las víctimas, sino que además permitimos que se normalicen situaciones que sí son violentas. Las personas que son testigos de la violencia no pueden ser cómplices de ella.

Está instalada en la sociedad la idea de que lo que sucede en la pareja es privado. Que hablar de violencia es incómodo y hasta incorrecto. La pregunta es si quedarse al margen, hacer oídos sordos, no meterse ¿Es correcto? La respuesta es un rotundo NO y la esperanza de evitar la violencia es un contundente SÍ. La violencia en cualquiera de sus expresiones es una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y la vulneración de los derechos no pertenece al ámbito privado.

Entonces NO hay que ocultar, SÍ denunciar. NO hay que desconocer, SÍ educar. NO hay que reaccionar tarde, SÍ prevenir temprano. Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es responsabilidad de todos que se oiga fuerte y claro ese NO a la violencia contra la mujer.

Marcela Vaccaro, vicerrectora de Vinculación con el Medio AIEP

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