A la pena efectiva de 14 años de prisión se expone el exalcalde de Nogales, Óscar Cortes Puebla, quien por estos días enfrenta un juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota por el delito de malversación de caudales públicos.

Junto con él también participan del juicio quien fuera jefe de Finanzas, Gonzalo Mena, la encargada de egresos de la Tesorería Municipal, Jacqueline Herrera y el jefe de Recursos Humanos, Aníbal Urbina.

"Estos hechos se circunscriben entre el año 2011 y 2013 y tienen que ver con delito de malversación, esto es permitir la sustracción de fondos municipales por alrededor de 200 millones de pesos utilizando una de las varias cuentas municipales para cobros que eran encargado a uno de los acusados. Obtenidos estos fondos, eran utilizados para promover políticamente la persona del alcalde Oscar Cortés Puebla, a propósito de elecciones municipales o de primarias", señaló el fiscal Patricio Toro de la Unidad Anticorrupción URAC de la fiscalía de Valparaíso.

Obras sociales

Según explicó el fiscal, los fondos salían del municipio bajo la forma de ayuda social, pero en realidad se promovía la figura del alcalde para facilitar su reelección.

"Sólo es un tema de campaña, en cuanto al enriquecimiento personal la fiscalía no lo pudo acreditar pese a las diligencias efectuadas respecto de bienes, patrimonios y cuentas de los imputados. No logró establecerse eso porque la obtención de estos fondos en su mayoría era en dinero en efectivo, de manera reiterada en el tiempo y por montos a veces altos, a veces no tan altos que podían ser usados en un espacio corto de tiempo, entonces no se logró establecer alguna inversión o incremento patrimonial asociado a la obtención de estos recursos", sostuvo el fiscal.

Reconocen hechos

Se está pidiendo pena de presidio mayor para los imputados, esto es sobre 5 años de privación de libertad, aunque en las etapas finales de la investigación adoptaron una actitud de colaboración, lo que les podría permitir rebajar la pena.

"En la etapa de preparación del juicio y en el juicio propiamente tal todos declararon, reconociendo los hechos en general, eso sumado a la disposición que tuvieron las defensas para llegar a convenciones probatorias respecto de los hechos de la acusación lo que permitió que la fiscalía pudiese reducir su prueba de tal forma de acreditar la acusación con la suficiencia adecuada y no con la extensión que se tenía en un inicio", indicó Toro.

Sobre 50 testigos y peritos y más de 300 documentos serían expuestos, pero la colaboración de los imputados permitió rebajar las pruebas a la mitad lo que a su vez permitió que el juicio termine antes de lo determinado.

El tribunal es el que decidirá si esta colaboración de los imputados permite reducir las penas, lo que ocurriría al término del juicio previsto para el término de la próxima semana.

Respecto de la restitución de fondos, el fiscal Toro señaló que la instancia de solicitar esa devolución de dinero es el Juicio de Cuentas que debe llevar adelante Contraloría General de la República o el Consejo de Defensa del Estado a través de la demanda civil de la que se hizo parte en este juicio. El momento de la condena se le podría ordenar al pago de una indemnización a favor del fisco que gire en torno a los montos involucrados en los hechos.

Actualmente, los 4 imputados están con las cautelares de prohibición de salir del país, firma mensual, semanal o quincenal y el exalcalde mantiene además la cautelar de arresto domiciliario parcial, esto es en la noche. J

Según se pudo establecer, los imputados giraron y cobraron al menos 60 cheques que no se registraron en el libro de bancos o solo se registraron con el número de serie o se registraron nulos o pagados a nombre de terceros como Esval o Chilquinta, pero que dichas entidades no recibieron dicho pago.